1 año de Macri: Muchas continuidades y pocos progresos

 Hace un año y un día Mauricio Macri asumía la presidencia la Nación. Prometía el cambio. Y 366 días después debemos decir que ese cambio fue muy limitado.

 Salieron del cepo, acordaron con los holdouts, volvió el debate al Congreso, la Argentina volvió a integrarse al mundo. Pero la mayor parte de las medidas quedaron truncas.

 Eliminaron retenciones pero incumplieron la promesa de bajárselas progresivamente a los productores de soja. Subieron el mínimo no imponible pero no actualizaron escalas ni alícuotas, dejándole todo servido a la oposición. Dijeron que iban a reducir el Estado pero echaron a muchos para reemplazarlos con los suyos, con los subsidios en los servicios tuvieron que dar marcha atrás y hoy en día el déficit es récord.

 Luego de varios meses los piqueteros y la burocracia sindical fueron recompensadas con millones de pesos mientras que a los trabajadores y a las pymes los impuestos los asfixiaron. En pocas palabras, el Gobierno macrista le agarró el gustito al poder y desde arriba, en vez de cambiar las cosas, profundizó las prácticas.

 En la economía las cosas no fueron tan bien. Obviamente sería muy necio echarle la culpa sólo al Gobierno, que también es verdad que recibió una herencia pesada. Pero la realidad es que el ajuste en estos meses lo vino haciendo el sector privado, no la política.

 Sin duda que durante todo este tiempo la no-victoria de Scioli y Aníbal fue un gran consuelo. Pero que el árbol no tape el bosque: Este año fue mediocre. No fue el infierno, tampoco fue el cielo. Y sería iluso pretender que en un año todo cambie. Y justamente, no cambió todo, pero si cambió muy poco.

Los liberales y la "obsesión con el gasto público"

 ¿Cuantas veces quienes nos definimos como liberales debemos escuchar la misma crítica? Que supuestamente nosotros estamos obsesionados con el gasto púbico y el déficit. Bastante parecido a lo que dijo Máximo Kirchner hace unos meses, que pedía que los números cerraran "con la gente adentro". Piensan que los liberales somos monstruos que queremos que el Estado no gaste en la gente.

 Grave error. Si no queremos un aumento del gasto público es porque, precisamente, pensamos en la gente.

 Antes de preocuparse por lo que el Estado hay gasta hay que preguntarse de dónde obtiene esos fondos. Es claro: En su gran mayoría de los impuestos. Desde el más pequeño indirecto al más grande directo, todo va a parar al Estado, sea nacional, provincial o municipal.

 Parece una perogrullada, pero es necesario aclarar que para tener más gasto se necesitan más fondos. Y para tener más fondos aumentan los impuestos (ya sea porque lo pagan más personas o porque los que pagan deben pagar más). Y si aumentan los impuestos las consecuencias llevan a que la gente tenga menos plata, a que las empresas no puedan crecer y que, en última instancia, todos se vean perjudicados.

 Las otras maneras de financiarse son con emisión, provocando inflación, y con deuda, que tarde o temprano habrá que pagar, comprometiendo las finanzas públicas. Siempre es pan para hoy y hambre para mañana.

 Queda claro entonces que nadie ve la otra cara del gasto público: La recaudación. Y nadie toma en cuenta que al recaudar excesivamente los efectos son negativos. Pero entonces ¿no se puede diseñar entonces un sistema de impuestos para solventar el gasto necesario?

 En ese caso la pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es el gasto necesario? Sin duda que los siguientes ítems NO lo son:

_Empresas deficitarias que son más ineficientes que sus competidoras pero que gracias a ser estatales cuentan con ventajas desleales.

_Planes sociales que se entregan sin ningún tipo de control y que terminan reemplazando el trabajo genuino.

_Pauta publicitaria para medios de comunicación.

_Secretarías, subsecretarías, direcciones, agencias, etc. completamente inútiles.

 Si estas cosas no existieran o estuvieran bien reguladas (caso de los planes sociales) harían falta menos impuestos. Y con menos impuestos el Estado podría organizar mejor sus finanzas, cumplir mejor sus funciones y, por otro lado, el pueblo tendría más dinero y más oportunidades para el progreso. Finalmente, la casta política tendría menos dinero para enriquecerse.

 Recientemente en el debate por las modificaciones por el impuesto a las ganancias vemos que de un lado el Gobierno quiere apenas subir el MNI y eliminar deducciones, olvidando su promesa de campaña. Y por el otro, el FR quiere aumentar considerablemente el MNI y reemplazar esos fondos con diversos impuestos (minería, renta financiera, juego). En ambos casos la recaudación no se discute, ningún proyecto plantea bajar el gasto.

 Todo lo que se dijo en esta nota es básico y hasta puede resultar bochornoso tener que decirlo de forma explícita. Es sencillamente una introducción, liberalismo para principiantes.

El innecesario debate por el voto electrónico

 Luego de su paso por Cámara de Diputados todo parecía ir perfecto para el oficialismo en su intento por implantar el voto electrónico, maliciosamente llamado "boleta única electrónica". Consistía básicamente en que la gente elegía su voto mediante la pantalla táctil de una computadora conectada a una impresora, la cual emitía el voto en una boleta que contaba con un microchip. La misma máquina servía para leer los microchips, de tal manera que el conteo era bastante rápido. Este mecanismo fue usado en la CABA el año pasado, previa experiencia en Salta.

 Debido a las enormes y justificadas críticas que este sistema generó (por ejemplo, el hecho de que los chips puedan leerse a distancia, puedan cambiarse o incluso que puedan quemarse, además de facilitar la compra de votos por medio de celulares) todo indica que en el Senado el proyecto sufrirá cambios. Las boletas no contarán ya con esos microchips, por lo que las boletas serán simplemente papeles comunes y ordinarios y el conteo será totalmente manual. Para agilizarlo se piensa agregar en vez del microchip un código QR.

 Es una buena noticia... o no tanto. Sin duda que un sistema de este tipo es mucho menos riesgoso y seguro que un chip implantado, y sin duda que disminuye mucho el clientelismo. Pero no se aleja el peligro mayor: La emisión del voto por medio de una máquina.

 Como siempre digo, sería necesario que cada votante audite su máquina al momento de votar para asegurarse que efectivamente no tenga ningún programa o dispositivo que sirva para registrar la identidad del votante. Y eso, además de ser imposible, también es engañoso, puesto que no todas las personas (y diría la mayor parte del electorado) tienen los conocimientos necesarios para eso. Si a eso se le agrega que este proyecto de reforma política pena con la cárcel a quienes realicen auditorías independientes el peligro es todavía mayor.

 En pocas palabras, siempre que entre el votante y la emisión de su voto haya una máquina intermedia existe riesgo de que el secreto del voto se vulnere.

 Por eso es que este debate es completamente inútil. Cualquier sistema de voto electrónico tendrá el mismo problema, y en vez de solucionarse los problemas del voto tradicional se van a complejizar y modernizar.

 El debate debería ser por la implementación del sistema elegido por la mayor parte de las democracias del mundo, elegida también en algunas provincias: El voto por medio de una boleta única de papel. Este método elimina la posibilidad de robo de boletas y asegura el secreto del voto. Puede ser vulnerado, es cierto, pero todos lo sistemas tienen sus debilidades. Se trata de buscar el menos malo. Y sin duda que este sistema es más apropiado. Después de todo no es voto electrónico con impresión de boletas con QR, el sistema usado en Venezuela.

Propuestas de reforma constitucional

Preámbulo:

Eliminar la mención a Dios

 Si bien la mención a "Dios, fuente de toda razón y justicia" no hace mención a ningún dios en específico (ya que con toda seguridad no todos los constituyentes de 1853 pertenecían a la misma religión) no deja de ser arbitrario que el texto constitucional haga referencia al mismo, ya que se corresponde con la fe personal de cada uno y sus características varían según el credo. Es comprensible que aparezca mencionado en documentos anteriores en épocas donde no estaba clara la separación entre Iglesia y Estado, pero al tratarse la nuestra de una época con un laicismo consagrado y aceptado unánimemente la mención a Dios resulta inaceptable.

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO PRIMERO

Declaraciones, derechos y garantías

Artículo 2°: Basta de sostener el culto católico apostólico romano. Reemplazarlo por un artículo similar a la Primera Enmienda de EEUU.

 La Constitución de 1853 siguió con la costumbre de las constituciones anteriores que aportaban a la Iglesia. Debe entenderse que en el país hasta bien entrada la década de 1880 la Iglesia se encargaba (en algunos casos monopólicamente) de asuntos que posteriormente serían delegados en el Estado (educación, cementerios, registro civil, casamientos, asistencia social).

 En el siglo XXI que el Estado sostenga financieramente al culto católico es inconcebible y afecta la libertad religiosa, ya que pone a una creencia por encima de las demás. Es necesario consagrar finalmente el laicismo en la Carta Magna, y sugiero agregar un artículo similar a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la base de su separación entre política y religión:

El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.

Artículo 5°: Agregar la educación inicial y secundaria.

 Desde un primer momento las Provincias estuvieron habilitados para legislar con respecto a la educación primaria. Con el paso de los años el Estado Nacional fue delegando también la legislación en cuanto a educación secundaria, a tal punto que hoy en día la educación inicial, primaria y secundaria correspondiente al Estado Nacional es mínima.

 Por lo tanto esa atribución debe consagrarse en el texto constitucional como parte de las atribuciones no delegadas al Gobierno Central.

Artículo 11: Actualizar los medios de transporte.

 Es un anacronismo hablar de carruajes o bestias y no mencionar el transporte automotor o aéreo.

Artículo 14 bis: Eliminarlo.

 Si bien las intenciones de este artículo pueden ser buenas lo cierto es que el mismo incurre en muchas faltas.

_"participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección": Esto atenta contra el derecho a la propiedad.

_"estabilidad del empleado público": Aunque pretende proteger a los empleados ante los cambios de Gobierno lo cierto es que su mención en la Constitución resulta una puerta abierta para todo tipo de licitaciones y contratos escandalosos.

_El segundo párrafo le da a los sindicatos un poder enorme, a tal punto que limita a ellos "el derecho de huelga".

_El tercer párrafo menciona al Estado haciéndolo responsable de la seguridad social de forma monopólica.
_Del mismo modo le otorga al Estado de forma compulsiva la participación en la administración del dinero de los trabajadores.

Por lo tanto, lo mejor es quitar este artículo. Esto no supone ningún riesgo para los trabajadores:

_Muchos de esos derechos aparecen ya consagrados en tratados internacionales de jerarquía constitucional, y de forma más democrática.

_El artículo 14 habla del derecho "de trabajar y ejercer toda industria lícita" pero "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio". Es sabido que muchas leyes laborales fueron previas a la Constitución de 1949 y el artículo 14 bis.

Artículo 19: Eliminar mención a Dios.

 Nuevamente, otra mención religiosa innecesaria.

Artículo 25: Eliminar a mención a los europeos.

 Es un terrible anacronismo acusar de racistas o eurocéntricos a Alberdi o a los constituyentes por este artículo, ya que hay que entender que a mediados del siglo XIX el país se encontraba despoblado, los países europeos podían proveer de progreso y los países sudamericanos se encontraban subdesarrollados. Pero si resulta un anacronismo que la mención permanezca hoy en día, ya que el contexto es completamente diferente. El fomento a la inmigración europea debe quitarse, sin modificar la segunda parte que invita a la inversión extranjera.

CAPÍTULO SEGUNDO

Nuevos derechos y garantías

Artículo 37: Eliminar la mención del voto "obligatorio".

 El voto universal y secreto es un pilar de todo sistema democrático y republicano. No así su obligatoriedad, ya que muchas de las democracias más estables y desarrolladas del mundo no cuentan con sufragio obligatorio. Por ser un motivo de debate es que esa condición debe quitarse de la Constitución.

SEGUNDA PARTE

AUTORIDADES DE LA NACION

TITULO PRIMERO

GOBIERNO FEDERAL

SECCION PRIMERA

DEL PODER LEGISLATIVO

CAPITULO CUARTO

Atribuciones del Congreso

CAPÍTULO CUARTO

75 inc. 2 y 3: Eliminar la coparticipación.

 La coparticipación data de la década de 1930 en épocas de crisis internacional como método del Gobierno Federal para recaudar más impuestos, apelando entonces a los impuestos provinciales. Lo que debería haber sido una medida temporal se terminó convirtiendo en política estructural a tal punto de habérsele otorgado rango constitucional.

 Este mecanismo atenta contra el federalismo y las facultades delegadas a las provincias, cuenta con una redacción muy vaga con respecto a los criterios necesarios para la sanción de las leyes, le da un poder discrecional al Gobierno Federal y al Congreso nacional para repartir los fondos y, en los hechos, termina perjudicando las finanzas provinciales.

 Haber incluido la coparticipación federal en el texto constitucional fue un error serio que debe ser enmendado.

75 inc. 12: Eliminar el código del Trabajo y la Seguridad Social.

 Otra herencia de la reforma constitucional de 1957 que intentó diluir sin eliminar totalmente la de 1949 es el Código del Trabajo y la Seguridad Social que hasta el día de hoy no existe. Si se tiene en cuenta que el artículo 14 ya habla expresamente de leyes que regulen el derecho a trabajar, que las condiciones laborales no pueden sustraerse totalmente de los acuerdos entre privados y que codificaciones éstas podrían alejar inversiones o aumentar el trabajo precario, no resulta necesario en absoluto que exista un código semejante.

75 inc. 19: Agregar la obligatoriedad y laicismo de la educación.

 Una forma de homenajear la monumental ley 1420 de educación implica sumar a las condiciones de equidad y gratuidad de la educación pública la condición de laicismo. Y también agregar que la educación, pública o privada, debe ser obligatoria en los niveles inicial, primaria y secundaria.

75 inc. 20: Excluir crímenes de lesa humanidad de las amnistías.

 Los crímenes contra la humanidad son una afrenta a toda la raza humana y están sujetos a la legislación internacional. Deben excluirse entonces de la capacidad legislativa de los Estados la posibilidad de amnistiarlos.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO PRIMERO

De su naturaleza y duración

93: Eliminar la mención a las creencias religiosas.

 Completamente innecesario. Las creencias deben ser privadas, aún tratándose de funcionarios públicos. La consagración del laicismo en el Estado debe ser total.

 Por otro lado, que se diga que deben jurar por sus "creencias religiosas" limitaría entonces a los ateos y agnósticos, que no poseen creencias.

97 y 98: Eliminar este formato de ballotage.

 Más del 45% o más de 40% con 10 puntos de diferencia es una diferenciación artificial. La mayoría debe ser absoluta, por encima del 50%, de manera de ser lo más representativa posible. Eso seguiría con la tradición de la constitución original que aunque adoptaba un sistema de voto indirecto el presidente era consagrado si tenía el 51% de electores.

CAPÍTULO TERCERO

Atribuciones del Poder Ejecutivo

99 inc. 3: Eliminar las atribuciones legislativas del presidente.

 La participación del Presidente en el proceso legislativo es incuestionable. Pero su atribución legislativa por medio de decretos de necesidad y urgencia es lamentable, ya que le da al Ejecutivo un poder que por naturaleza no le corresponde. Si bien existe cierto control parlamentario, esta atribución es una afrenta a la división republicana de poderes y contradice el artículo 76.

 Nótese como el artículo 29 prohibe la cesión de facultades extraordinarias (ejecutivo y legislativo) y de la suma del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial). Siendo que el Presidente cuenta desde siempre con la autoridad para conceder indultos, es decir, una atribución judicial, el hecho de sumarle también atribuciones legislativas es muy cercano a la traición a la Patria.

99 inc. 5: Excluir crímenes de lesa humanidad.

 Hubo mucho debate con respecto a la inconstitucionalidad o no de los indultos concedidos a personas juzgadas por crímenes de lesa humanidad. A partir de la extradición de Priebke la jurisprudencia entiende que los crímenes de lesa humanidad exceden a los Estados y recaen en el derecho internacional, por lo que la voluntad del Estado Nacional sería irrelevante.

 Por lo tanto, es conveniente hacer una expresa mención a este principio, es decir, la exclusión de los crímenes más aberrantes de la capacidad de indulto. De esta forma la legislación argentina estaría de acuerdo con los principios establecidos en tratados de jerarquía constitucional, mediante los cuales el Estado asume el compromiso de castigar esos crímenes de acuerdo a su extrema gravedad.

99 inc. 12 y 14: Agregar a las FFSS

 El Presidente es comandante en jefe de las FFAA, pero también lo es de las FFSS de jurisdicción federal (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria). Habría que incluirlo expresamente en el texto constitucional, consagrando la reglamentación proveniente de las leyes nacionales de Defensa y Seguridad.

99 inc. 19: Aclarar cuáles son esos empleados.

 Recientemente hubo debates entre juristas por la decisión del Presidente Macri de nombrar a dos ministros de la Corte Suprema en comisión, y la justificación fue precisamente ese artículo. Una medida similar solo encontraba antecedentes en la presidencia de Mitre.

 Entendiendo que un juez de la Corte no es un "empleado" y siendo que esto puede generar problemas de interpretación debería hacerse una mención explícita de aquellos cargos que no pueden ser nombrados en comisión.

Disposiciones transitorias

Primera: Eliminarla.

 El reclamo por las Malvinas ha sido una constante en la política argentina desde hacia varias décadas, pero mencionarlo en la Constitución constituye un error grave:

_Consagra a nivel legal el irredentismo, una idea basada en sentimientos nacionales alejados totalmente de la racionalidad que debe imperar en los códigos legales.

_Limita al Poder Ejecutivo y al Congreso en su manejo de la relaciones exteriores.

_Técnicamente hablando los argentinos que no coincidan con esa visión estarían incurriendo una falta constitucional y podrían ser considerados incluso traidores contra la Nación (artículo 119).

Sexta: Eliminar la coparticipación.

 Ya fue comentado antes.

Los errores pseudo-feministas sobre el aborto

 Quiero comenzar este artículo dejando en claro que estoy totalmente a favor de legalizar el aborto irrestricto hasta la duodécima o decimocuarta semana, porque estoy convencido de que toda mujer tiene todo el derecho del mundo a decidir que hacer con su cuerpo y a elegir si quiere ser madre o no. Aclaro eso para advertir a varios posibles lectores "pro-vida" que se vean tentados por el título.

 Quiero en las siguientes líneas exponer los argumentos que las pseudo-feministas (en realidad, anti-hombres que usan al feminismo como excusa para otro tipo de ideas y que cada año provocan incidentes en los encuentros nacionales de mujeres) utilizan para pedir por la legalización del aborto. Los voy a dividir en los siguientes puntos:

Libertad individual

 El principal argumento que yo uso para pedir por la legalización del aborto se basa en la libertad individual, el derecho de cada mujer a decidir que hacer con su cuerpo y su salud. En cierta manera esto coincide con las pseudo-feministas que entre sus lemas tienen "Saquen sus rosarios de nuestros ovarios" o el clásico "Yo decido".

 Sin embargo, este argumento que considero central y fundamental aparece como secundario en estas marchas, ya que se da más importancia a los que a continuación serán enunciados.

¿A favor del aborto?

 Hasta hace algunos años un lema central era "aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar". Quedaba en claro que a pesar de pedir por su legalización o despenalización el aborto era una instancia no deseada a la que nadie quería llegar por los riesgos que lleva implicados y por el simple hecho de ser una intervencion quirúrgica.

 Sin embargo, la cuestión de los anticonceptivos o la educación sexual está totalmente relegada y se coloca al aborto como el objetivo principal, cuando el mismo es el último recurso de una serie de reformas que son igualmente necesarias. Incluso hay quienes se enorgullecen de haber abortado.

La cuestión de pobres o ricas

 Aquí llega mi mayor disensión: Su principal argumento dice que el aborto debe ser legal porque las mujeres ricas realizan abortos mientras que las pobres mueren al realizárselos. Para mí este argumento además de débil es ilógico.

 Hoy en día para nuestra legislación realizar abortos por fuera de las excepciones que dicta el Código Penal es delito. Entonces si es delito poco importa que quien lo realice sobrevive o muere. Si algo es delito no debe dejar de serlo según quien lo realice o si pone en riesgo la vida. De modo inverso, aún si nadie muriese por los abortos ilegales igualmente debería ser legal si tenemos en cuenta los derechos individuales.

 El argumento puede servir si se quiere para mostrar la hipocresía social, pero no debe ser el argumento central.

Falta de especificaciones

 Sería bueno preguntarle a estas militantes que explayen sus posturas. Expliquen bien si quieren despenalizar o legalizar (no es lo mismo). Cuáles métodos quieren que se apliquen. Hasta qué semana debe ser irrestricto. Qué cambios harían en las leyes.

 Sólo se limitan a tirar consignas explosivas sin aclarar nada.

Los niños: Tema ausente

 Si bien no coincido en absoluto con identificar como niño a los fetos o embriones tampoco coincido con excluirlos totalmente del debate. A la hora de discutir la legalidad del aborto no se puede dejar de lado que los niños deben tener una vida digna y ser criados en un ámbito adecuado. Una mujer que quiere abortar evidentemente no quiere tener ese niño, por lo que es muy probable que no tenga una vida digna ni tampoco crezca en un ámbito adecuado. Considerar que una mujer por embarazarse debe obligatoriamente hacerse cargo de quien vaya a nacer es una visión patriarcal que no tiene en cuenta la libertad de decidir de las personas ni tampoco piensa en el futuro de ese individuo que nacerá.

 Este argumento también me parece central, y sin embargo lo noto totalmente ausente en las discusiones por el aborto.

Una opinión a favor del cupo femenino

La Constitución

 Mucho se habló sobre el artículo 16 para negarse a este cupo:

Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

 A primera vista resultaría demoledor, pero hilando fino resulta que no es tan determinante. Por empezar, la famosa idoneidad no es la única condición. Basta leer cuáles son los requisitos para ser Presidente, Vicepresidente, Diputado, Senador o Ministro de la Corte para dejar en claro que no basta sólo con ser "idóneo" (acotación al margen: ¿qué entienden estas personas por "idóneo"? nunca desarrollan la idea).

 Y por otro lado, un diputado no es un simple "empleado". Es un representante del pueblo, y como tal debe representar a la población de su respectiva provincia. Y no hace falta ser un experto en demografía para darse cuenta que hay un nivel muy cercano al 50% (ligeramente mayor para las mujeres) de población entre masculinos y femeninos.

 Sin embargo, quienes esgrimen ese artículo se olvidan de otro que está 21 artículos más adelante:

Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio.

La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.

 Bastante claro. La legislación que sirva para asegurar la igualdad de oportunidades entre los sexos está completamente permitida. Si bien la CN dice explícitamente los requisitos para ser electo a determinados puestos también se permite que el régimen electoral o de partidos se modifique parcialmente, siempre y cuando, obviamente, no se anulen los requisitos antes mencionados (ser ciudadano, ser natural de la Provincia o haber vivido determinada cantidad de tiempo, etc.).

Yendo aún más allá, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (tratado de jerarquía constitucional, ver el art. 75 inc. 22) dice en su artículo 7:

Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

 Entonces el cupo femenino no sería a priori anti-constitucional, cosa que surge de una lectura superficial que muchos repiten. Lo que si sería incorrecto desde mi punto de vista es que las mujeres puedan tener la posibilidad de elevarse por encima del 50%. Si la ley exige mitad y mitad no me parece mal.

Argumento en contra: "La idoneidad"

 La pregunta es ¿qué es idoneidad? Sería la cualidad de indicado o apropiado para una tarea. Entonces, en base a este artículo, no existiría otro requisito más que ese para tener un empleo. Pero ocurre que la Constitución establece otros requisitos. Para ser Presidente o Vicepresidente hace falta cumplir con tales requisitos, para ser Diputado hacen falta otros, para ser Senador otros y para ser Ministro de la Corte Suprema otros. Por lo tanto no es tan sencillo ser "idóneo".

 Detrás de este argumento se esconde una visión machista. El argumento es que si es mujer entonces no es idónea. Y no tiene porque ser así. Existen legisladoras excelentes que son mujeres, y al mismo tiempo existen legisladores hombres que no sirven para nada. La pregunta es ¿por qué no existirían mujeres adecuadas para el cargo que si pudieran entrar?

El problema de la lista sabana

 Este argumento es incomprensible. Si hoy sin cupo femenino del 50% existen listas sabanas ¿cuál sería el verdadero cambio en caso de que la nueva ley se apruebe? Realmente no se entiende.

 Otro argumento similar habla de la posibilidad que los candidatos metan a sus esposas o familiares mujeres sólo para cumplir el requisito. Obviamente la posibilidad existe, pero ¿dejaría de existir si solo se permitieran hombres? ¿acaso no existe nepotismo hoy en día sin cupos femeninos del 50%? Otro argumento que raya con lo absurdo y es completamente machista.

Otras minorías

 Finalmente se argumento que de aprobarse la ley de cupo femenino entonces podrían surgir cualquier cantidad de leye sobre cupos (indígenas, transexuales, etc.). Esto no es así. Como ya se mencionó, la CN hace una expresa defensa de la igualdad entre varones y mujeres, no habla de otros tipos de "igualdades". Si se le reconocen a los pueblos originarios ciertos derechos que nada tienen que ver con su representación electoral (posesión de sus tierras ancestrales, respeto de su cultura, etc. art. 75 inc. 17).

Es discriminatorio contra las mujeres

 Seguramente sí, es discriminatorio, y entra dentro de la categoría de discriminación positiva, la cual no es ilegal, siempre y cuando no postergue o perjudique a nadie, y en el caso de las mujeres, son mencionadas explícitamente como receptoras de políticas que las beneficie para terminar con la segregación (arts 37, 75 inc. 22 y 23). Podrá cuestionarse si desde el lado ético la discriminación positiva es buena o mala, pero desde el legal no hay nada que objetar.

Cupo femenino en la Corte o en el Gobierno

 Existen proyectos para extender el cupo femenino a la Corte Suprema o al número de Ministros del Ejecutivo, de manera tal que atraviese los tres poderes del Estado. En estos casos la situación es un poco más compleja.

 Debe recordarse que el artículo 37 se limita a cargos electos y a candidaturas políticas, cosa que obviamente está por fuera del Poder Judicial o los ministros del Poder Ejecutivo. Por lo tanto no habría un mandato constitucional tan claro. En cambio, si consideramos el artículo 7 de la Convención contra la discriminación a las mujeres si es posible interpretarlo en este sentido, en especial con respecto a los jueces de la Corte, ya que en su nombramiento intervienen los otros dos póderes, por lo que hay una representación más plena (aunque sean los senadores, representantes de las provincias, y no los diputados).

 Pero en el caso de los Ministros el Presidente los nombra según su propia interpetación. Por eso considero que en este último caso agregar requisitos sería inconstitucional, ya que el presidente tiene plena potestad.

Conclusión

 La discusión por el cupo femenino es bastante amplia, y reconozco que existen buenos argumentos en contra y a favor. Pero no se debe limitar el debate a repetir constantemente "idoneidad, idoneidad" ni tampoco a decir que es necesario porque en los cumpleaños a las nenas les regalan juguetes rosados (Malena Galmarini style).

El peronismo como partido único (comentario a la tesis de Fernando Iglesias)

 En su libro publicado el año pasado Es el peronismo, estúpido, Fernando Iglesias hace un racconto sobre las luces y sombras del peronismo en los últimos 70 años de Historia. Su primera tesis se puede resumir de la siguiente manera

 El Partido Militar engendró al Partido Populista desde 1930 y así establecieron un monopolio del poder. Las dos expresiones autoritarias del poder destruyeron todo intento de establecer una verdadera democracia republicana y de desarrollar el país mediante su disputa por el poder.

 Puede decirse que coincido, aunque creo que tanto "Partido Militar" como "Partido Populista" deben ir entre comillas, ya que se trata de abstracciones.

 La siguiente tesis (la que quiero comentar en este artículo) es la que sigue:

 Desde 1983 se vive un régimen de partido único, donde solo los peronistas pueden gobernar, y en caso de no hacerlo recurren a destituciones de presidentes democraticamente electos mediante el uso de punteros, sindicalistas y la complicidad policial.

(aclaro que en ambos casos no sin citas textuales)

 Quisiera comentarle algunas cosas. Evidentemente estoy de acuerdo en que el peronismo fue posiblemente lo más nefasto que nuestro país vivió en por lo menos el último siglo. Pero creo que la caracterización que hace es incompleta.

 Dice que el peronismo es el representante más importante del populismo actual. Aclaración importante, porque basta dar un recorrido por el Interior y el Conurbano y darse cuenta que hay partidos que gobiernan de formas populistas y poco democráticas que nada tienen que envidiarle a los gobernadores o intendentes peronistas.

 Sin embargo, le falta otra especificidad. Así como el peronismo es el representante más grande del populismo ¿cuál es el representante más grande del peronismo? La respuesta es el PJ nacional.

 A pesar de que en un capítulo Fernando dice que hablar de PJ en vez de peronismo es un eufemismo (cosa que es verdad, porque todos los peronismos en el fondo sostienen cosas similares, no existe algo como "pejotismo" diferente al verdadero peronismo) no deja de ser una realidad que solo aquel peronismo que tiene el aparato y la caja es el que se puede considerar como "partido único".

 Y sirvan como ejemplo los golpes blandos que vivimos en estos 33 años de democracia. Los dos primeros fueron contra gobiernos radicales (Alfonsín y De la Rúa). Pero también hubo un tercero: Contra Rodríguez Saa. Cabe recordar que el Adolfo debe abandonar la presidencia luego de la renuncia de su gabinete, la oposición de todo el PJ y cacerolazos y represión. Podrá argumentarse que el puntano, a diferencia de los anteriores, no resultó ganador en elecciones nacionales, pero no deja de ser un presidente electo según las leyes vigentes y por el Congreso de la Nación.

 La clave está en entender el aparato. En aquel entonces el PJ de Duhalde y los gobernadores era quien manejaba realmente al peronismo, en tanto que Rodríguez Saa formó un gobierno con gente de su provincia y funcionarios menemistas. Se puede ver aquí como el PJ chocó contra otras formas de peronismo.

 Más sencillo aún de graficar: El año pasado en las elecciones hubo tres candidatos peronistas (más un precandidato), y sin embargo la mayor parte de gobernadores, intendentes y sindicalistas apoyaban a uno solo, el que llegó al ballotage. No se trata entonces de "el peronismo", sino de la rama del peronismo que tiene más poder.

 Creo entonces que la tesis de Fernando Iglesias en este caso es incompleta. Después de todo el peronismo no es un partido, sino un movimiento político expresado en varios partidos (en el caso actual tenemos tres expresiones nacionales, el FPV, el PJ y el FR, además de expresiones provinciales).

 ¿Tiene la culpa el peronismo de la decadencia argentina? Seguramente si. Pero hablar de peronismo como una entelequia cuando es un movimiento que atraviesa varios partidos es inexacto.

El fallo de la Corte sobre el tarifazo

 Finalmente hoy la Corte se expidió sobre el tema de las tarifas de gas. El fallo ya puede leerse. Los puntos principales son:

• Que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio.
• Se confirma la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las resoluciones cuestionadas.
• La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales.
• Respecto de ellos, las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan.
• Se mantiene la tarifa social.
• Se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación.
• Se recuerda a los tribunales el riguroso cumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre procesos colectivos.

 El primer punto y el anteúltimo son incuestionables. El no llamado a audiencias públicas fue un error grosero del Gobierno por más que después hayan querido enmendarlo. Y no hay dudas que es necesario que nuevamente el país cuente con un Defensor del Pueblo.

 El resto de fallo resulta poco claro e incluso contradictorio. Si se declara que las resoluciones sobre tarifas son nulas y se ordena retrotraer a los valores previas al aumento no tiene entonces ningún sentido que siga la tarifa social, que fue creada justamente en ese marco. Considero que es algo demagógico que agrega más confusión. Eso sin dejar de mencionar que retrotraer las tarifas la situación previa de tarifas congeladas supondrá un gasto enorme para el Estado en tiempos de austeridad y que conllevará a su obligatorio endeudamiento (una decisión más sensata hubiera sido mantener el -absurdo- esquema del tope de aumento del 400% y mantenerlo congelado hasta la audiencia).

 Otro aspecto que me resulta lamentable es que este fallo se limite solamente a usuarios residenciales (cerca del 26% de los usuarios) excluyendo entonces a pymes u organizaciones sociales.

 Finalmente, el fallo también establece que los precios de todas las partes del proceso estén sometidos a audiencia: Producción, transporte y distribución. Debe decirse que, en el marco de la ley de emergencia económica aún vigente y los decretos sobre subsidios, este fallo resulta lógico, más allá de la opinión que uno tenga sobre esa ley.

 No hay que olvidar que el Gobierno recibe con esto una derrota política y la oposición una pequeña victoria. Pero esa derrota puede ser temporal y más breve de lo pensado: Ya se anunció que la audiencia pública tendrá lugar dentro de tres semanas.

 Ahora bien ¿cuál es la causa de todo esto? Claramente el intervencionismo estatal y una emergencia económica que no se termina nunca y que se convirtió en una excusa para que los Gobiernos sigan manejando la economía a gusto y piacere. En un país normal los precios se fijarían según los precios internacionales, los subsidios obedecerían solamente a diferenciar residenciales de comerciales o a las diferentes situaciones climáticas-geográficas y los usuarios pagarían lo que consumen recibiendo ayuda solamente aquellos que realmente no tengan recursos. Las tarifas provendrían de audiencias públicas en donde expertos en la materia de todo el país (y por qué no, del mundo) debatan junto a los representantes del Congreso. Y, por supuesto, tanto las empresas como los funcionarios que provocaron el actual desastre energético estarían tras las rejas.

 Pero no, lo cierto es que, pase lo que pase, por más audiencia que se haga, la decisión final estará en el Presidente y sus Ministros gracias a este aparato legal que les permite hacer lo que quieran. De esa manera le dejaron todo servido en bandeja a la oposición y a la Corte. Y en un país en donde la Corte determina cuánto valen los servicios que se queden sentados esperando inversiones.

 Por último ¿vamos a tener que seguir esperando que se bajen o eliminen todos los impuestos que forman parte de las tarifas?

Comentarios a la nota de José Benegas sobre los años '70

 Me topé en Twitter con este pequeño artículo de José Benegas compartido originalmente en su Facebook personal en el que analiza algunas cuestiones referidas a la década del '70 y el debate reciente que hubo sobre la guerra sucia.

 En líneas generales diría que coincido, pero hay algunas cosas que quisiera comentar.

"En Argentina hubo: 1. Guerra sucia; respuesta sin normas a un ataque sin normas."

 No queda claro si la falta de normas fue desde lo teórico o desde lo práctico. Si es lo segundo, estamos todos de acuerdo. Pero si es lo primero tanto desde la legislación argentina como desde la legislación internacional existían leyes para regular los conflictos. Por eso precisamente se considera que esta guerra fue sucia.

 Desconozco cuál fue la intención de José, pero me parece que no quedó del todo claro.

"En Argentina no hubo: 1. Genocidio..."

 Aquí la discusión es más complicada. Por un lado cabe recordar que la jurisprudencia internacional reciente a partir del juicio contra Pinochet dictaminó que es posible interpretar que su dictadura haya llevado a cabo un genocidio, cosa que luego se trasladó al caso argentino. Se interpreta que, aunque los subversivos no fuesen un grupo nacional en sí mismo, al ser enmarcados dentro de determinado grupo en una comunidad mayor se los puede considerar grupo nacional. Incluso en el caso camboyano se dijo que los jemeres rojos habían llevado a cabo un auto-genocidio, dado que la mayor parte de las víctimas eran de la misma etnia y nacionalidad que los victimarios y la masacre obedeció a razones políticas.

 El fallo del Juicio a las Juntas habla de persecución contra miembros de organizaciones subversivas o ajenos a ellas, y en el Nunca Más trabaja con el concepto de exterminio. Y por otro lado, los genocidios pueden llevarse a cabo "en tiempo de guerra", pudiendo poner como ejemplo la Masacre de Katyn, en el cual la mayor parte de las víctimas fueron soldados y policías.

 Creo que justamente el principal argumento contra el genocidio es la poca cantidad que José deja de lado. De hecho hay testimonios que dicen que el número 30.000 fue creado con ese propósito.

"2, Terrorismo de Estado"

 Ahí disiento totalmente. Bastan ver los comunicados de la junta para entender que en todo momento se buscó sembrar el miedo entre la población para eliminar aquello que considerasen subversivo, más allá de que estuviera relacionado o no realmente con la subversión armada. En el prólogo del Nunca Más Sábato habla de "metodología del terror" y de las conclusiones del documento de la Conadep se extraen comentarios como este:

* Es posible afirmar que -contrariamente a lo sostenido por los ejecutores de tan siniestro plan- no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamas tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo.

[...]

* En consecuencia, carece de validez la afirmación de que la subversión y el terrorismo fueron efectivamente vencidos. Se derrotó a algunas organizaciones terroristas, pero a cambio de implantar un sistema de terror institucionalizado, vulnerador de los más elementales principios éticos y morales inherentes a la persona la humana, con respaldo doctrinario en concepciones también extrañas a nuestra identidad nacional.

 El fallo del juicio a las juntas confirma ésto:

Siendo ello así, suponer que el gobierno de facto, que concentró en sus manos las más amplias potestades legisferantes y que, incluso, se arrogó el poder constituyente, no tenía otro modo de combatir el terrorismo que a través de la clandestinidad y la imposición de un terror equivalente, fuera de toda referencia normativa, resulta inadmisible.

 Por lo tanto, considero que sin ningún lugar a dudas la dictadura implantó terrorismo de Estado (si bien este no empezó con la junta, se pueden reconocer sus antecedentes en la Triple A bajo los gobiernos democráticos peronistas).

Los '70, eterno retorno

 Las recientes declaraciones de Macri sobre el número de desaparecidos y la "guerra sucia" levantaron polémicas, tanto en la izquierda y el kirchnerismo como en sectores del oficialismo militantes de la corrección política. Y lo cierto es que las frases son ciertas.

 O más o menos. Cuando Macri dice que no tiene idea si fueron 9.000 o 30.000 oculta la verdad de que el número 30.000 no se sostiene por ningún lado y que las estimaciones más exactas de las que disponemos hoy en día llevan el número a una cifra entre 8.000 y 9.000, sin dejar de mencionar que no es un número definitivo. Pero eso no significa que el número de 30.000 resulte exagerado y que tenga un origen bastante claro, no basado e las evidencias.

 Cuando habla de la guerra sucia, Macri tampoco se equivoca. Nadie niega que evidentemente hubo un plan de exterminio, un genocidio, de parte del Estado argentino gobernado por la junta golpista que llevó a cabo terrorismo de Estado. Pero también sería de necios no reconocer que hubo organizaciones subversivas que mataron, pusieron bombas, secuestraron y tomaron cuarteles en democracia, atacando a civiles y militares, que tenía el objetivo de instaurar una dictadura comunista. Esas organizaciones se consideraban ejércitos, decían que estaba en una guerra, tenían grados militares y emitían comunicados tras cada "combate". Del otro lado, el Estado llevaba a cabo una guerra anti-subversiva. Es decir, de ambos lados existía la idea de estar combatiendo. Y montados en la idea de guerra anti-subversiva vino el terrorismo paraestatal y estatal. 

 Entonces, Macri no se equivocó. Le faltó valor para decir que el número 30.000 es una farsa y decirle "guerra sucia" es bastante acertado.

 Sin embargo, izquierdistas, progresistas, kirchneristas y demás alimañas pusieron en el grito en el cielo. Y esto por una razón sencilla: Necesitan que los '70 no se terminen. Necesitan que nunca cierre esa herida.

 La realidad es que hoy los '70 pertenecen a los libros de Historia y al ámbito judicial. Sin embargo, desde cierta militancia se insiste en reivindicar las acciones de aquellas guerrillas, se niega su carácter de organizaciones armadas subversivas y se tiene una visión edulcorada de aquellos años. La acción guerrillera y la crisis de gobernabilidad entre 1973 y 1976 nadie la nombra. Por otro lado, el número 30.000 aparece como un dogma y nadie puede negarlo como parte de las doctrinas de la izquierda. Y finalmente, luego de quejarse (con justa razón) de las torturas y malos tratos sufridos por los desaparecidos piden que los represores en la actualidad que son hombres ancianos estén en cárceles comunes y sin ninguna garantía judicial.

 Sería bueno que estas personas dejen los '70 a donde pertenecen: Al pasado. Y es necesario también contar la Historia completa. Solo así las heridas podrán cerrar y las izquierdas que añoran al terrorismo y los regímenes totalitarios serán derrotadas.

Tarifazo de gas, otra oportunidad desperdiciada (y van...)

 Nuevamente el Gobierno macrista demuestra no estar a la altura de las circunstancias. El voto de confianza que le depositó el 51% de la gente en noviembre para cambiar la Historia parece no haberlos conmovido y el supuesto equipo técnico que tenían preparado resultó incompetente.

 Las tarifas de luz y gas debían actualizarse, ya que el modelo de subsidios de la gestión anterior, además de ser insostenible, era profundamente inmoral. El Gobierno podría haber iniciado con todos los cambios en enero (época de bajo consumo) y llevar a cabo un retiro paulatino de subsidios junto con ayudas para los verdaderos necesitados y alivios para las industrias. De esa manera la situación hubiera sido mucho menos traumática y le hubiera permitido a los usuarios, ya llegado el invierno, haberse preparado para la situación. Y algo que no se tendría que haber pospuesto: Eliminación o reducción de gran parte de los impuestos que vienen adosados a las facturas. Por último, no debían descartarse las audiencias públicas ni la coordinación entre el cobro de todos los servicios.

 Pero lo que primó fue la improvisación. Aún sin haber retirado todos los subsidios y manteniendo esa tasa impositiva hubo aumentos de tarifas que en muchos casos fueron ridículos y en otros casos se mantuvieron las tarifas anteriores con precios irrisorios. Como la situación se volvió problemática aparecieron los jueces y los abogados, apoyados por la oposición peronista, pidiendo volver al modelo anterior de subsidios.

 Entonces ¿que decisión tomó el Gobierno? En primer lugar refacturación, pero en vez de, ésta vez si, corregir los errores y aprovechar la inercia para el plan de retiro de subsidios ordenado se pasó a una absurda e incoherente medida: Un tope de 400% de aumento en la factura de gas. De esta manera los sectores más carenciados tendrán que pagar cinco veces más los que gastaron el año pasado (porque sería muy difícil que gasten menos, teniendo en cuenta el valor del metro cúbico y que este invierno es más frío que el anterior), mientras que aquellos que pueden afrontar los gastos pueden climatizar sus piletas y utilizar sus losas radiantes, total solamente van a pagar 5 veces más. Es ridículo, injusto y sumamente regresivo. Es, en otras palabras, cambiar para que nada cambie. Debo admitir que me extraña que un tipo como Aranguren, con más de 40 años en la industria energética, diseñe o avale políticas tan malas.

 Mientras el Presidente dice que hay que ahorrar gas sus Ministros alientan a derrocharlo. Esta clase de cosas demuestran el amateurismo y la poca coordinación de la que hacen gala. Y demuestran también como dejan pasar el tren: Ganaron con el 51%, tenían el aval de la sociedad y de todo el arco político para quitar subsidios, pero lo desaprovecharon. Y seguirá el círculo vicioso del gasto público, la emisión, la inflación y lo peor de todo: El populismo, la demagogia y un Estado que sigue "beneficiando" a una sociedad que no quiere hacerse cargo de sus gastos.

Segundo semestre: Nada cambiará

 Finalmente ya estamos en la segunda parte del año, aquella en la que, según nuestros gobernantes, nos iría mejor y lloverían dólares. Nuestro presidente decía que en estos meses veríamos la luz al final del túnel (aunque no nos dijeron si lo que sigue después es el cielo o el infierno).

 ¿Será así? Evidentemente si. La inflación tocó fondo en el semestre pasado gracias a la actualización tarifaria (incompleta), medidas como la devolución del IVA o el pago a los jubilados podrán agilizar el consumo que viene fuertemente golpeado y seguramente caiga alguna que otra inversión (sin que eso sea ni por asomo la famosa lluvia), Entonces si, vamos a estar "mejor".

 Pero que nadie se engañe: El macrismo no es liberal, no pretende hacer reformas en la estructura económica. Basta dar un recorrido somero por las principales propuestas de los ministros y todas coinciden en gasto público, en usarlo para la obra o para subsidios (como en la ley de autopartes). Si a eso se le suma que este Gobierno no tiene en mente privatizar nada, que los impuestos  y que ahora estamos en medio de un atraso cambiario los diagnósticos no permiten ser optimistas.

 En otras palabras, seguramente en los próximos meses la situación va a mejorar un poco. Pero nuestro ciclo de constantes crisis, recuperación y recesión basados en endeudamiento, plata dulce y gasto público no se va a detener. Y lamentablemente el actual Gobierno no le escapa a esa lógica. Tras años de derroche kirchnerista llegaron las primeras señales de crisis. Y la gestión macrista modificó un poco las cosas, pero no demasiado.

 Para salir de ese ciclo de decadencia es momento de instaurar cambios profundos en la estructura política y económica. Comprometerse a tener un Estado pequeño y eficiente, leyes que permitan la libre competencia, una reducción del gasto público que conlleve a una reducción de los impuestos, seguridad jurídica para inversiones y controles permanentes por parte del espectro político y la ciudadanía sobre como se usa la plata (para evitar la corrupción). Mientras tanto estaremos muriendo y renaciendo constantemente, viendo siempre una luz al final del tunel.

La boleta única electrónica es voto electrónico

 Es así, por más que lo quieran disfrazar. Por más que nos digan que "no es una computadora, es una impresora" y lo quieran adornar de mil maneras diferentes se trata de voto electrónico, hecho y derecho.

 Partamos de la idea de que es absurdo creer que una impresora sola ande por su cuenta es ridícula. Una impresora es un elemento que forma parte de un sistema informático, no es autónomo. De acuerdo a lo más básico que aprendimos en la clase de computación, un ordenador (computadora) se compone de una unidad de procesamiento, periféricos de entrada y periféricos de salida. En el caso que nos compete el aparato tiene un procesador Intel, cuenta con una pantalla táctil y, como ya se dijo, con una impresora. Y como bien se sabe, cuenta con un programa, es decir, tenemos software y hardware, con placa de red, lector de DVD y puertos USB. En resumen, por más que quieran disfrazarlo, es una computadora. Y como si todo esto fuera poco, el chip de la boleta se lee por medio de esa computadora (por más que luego se haga un recuento a mano, si es que realmente se hace).

 Entonces se trata de un sistema de sufragio en el cual media una computadora. Uno podría preguntarse ¿hay algún peligro con eso? Si. Por un lado hay que recordar que la "boleta" cuenta con un chip (el cual puede leerse desde cierta distancia) que se lee por medio del ordenador antes mencionado, y por otro lado, como ya se dijo, el artefacto para emitir el voto es una computadora con software el cual, en teoría, no tendría capacidad de almacenamiento, pero hay elementos que no han sido auditados y que si poseen esa capacidad.

 Se puede argumentar que estos mecanismos son demasiado complejos. Y justamente ahí está el quid de la cuestión: ¿Por qué complejizar tanto un sistema que debería ser sencillo para todos? Y por otro lado, aún si usáramos esa lógica, lo cierto es que el ciudadano de a pie no va a estar seguro de que el secreto del voto esté realmente resguardado.

 No es casualidad que en la mayor parte de los países desarrollados (Reino Unido, Australia, Alemania, Países Bajos, Italia, Irlanda) el voto electrónico haya sido dejado de lado y se haya vuelto a la boleta única en papel (similar a la que se utiliza en Córdoba y Santa Fe), un mecanismo que, aún con sus dificultades, es preferible y mucho más seguro que el del voto por medio de una PC.

 Un buen punto de partida para la discusión sería transparentar las cosas e ir de frente mar, llamar a las cosas como son. Por suerte el Presidente dio el primer paso, porque hoy lo llamó "voto electrónico" (¿lo habrá traicionado el subconsciente?).

(Agradecimiento especial para Javier Smaldone por su trabajo)