Tarifazo si, tarifazo no

 Los revuelos recientes de la corrupción K (Jaime, Lázaro) y la corrupción M (#PanamaPapers) hicieron que se olvidaran momentáneamente cuestiones económicas básicas. Hasta hace 10 días nomás todos estábamos hablando de los tarifazos en servicios, incluyendo el tarifazo en transportes.

 En estos momentos se observa una suerte de batalla constante entre el Interior y el Conurbano, en donde los primeros le reclaman a los segundos que tienen tarifas más baratas por los subsidios. Es cierto, pero no deja de ser una verdad a medias.

 El Conurbano (incluyendo a la Capital y al Gran Buenos Aires) es la zona más poblada y con mayor densidad de población. Tiene sentido entonces que las tarifas en esta zona sean más baratas. Pero lo que no tiene sentido es que sean subsidiadas. Lógicamente valdrían menos aún sin los escandalosos subsidios.

 Pero aún teniendo en cuenta eso, no tenía sentido que tuvieran tanta diferencia con el Interior. El precio anterior de $3 el mínimo era una distorsión absoluta. El de $6, si bien sigue siendo distorsivo, es más realista.

 Con respecto a las demás tarifas, evidentemente se trata de un golpe muy duro para los bolsillos de los ciudadanos. Creo que se debería haber incluido en la tarifa social a pymes, de manera de no poner en riesgo la productividad o los puestos de trabajo. También tendría que haberse consensuado en el Congreso con fuerzas opositoras la eliminación de algunos impuestos que van en las tarifas, como en el caso de Edesur, los impuestos para la Provincia de Buenos Aires o el impuesto para Santa Cruz.

 El siguiente paso debería ser una reducción de impuestos para el segundo trimestre, incluyendo la baja en el IVA o la actualización de las escalas de ganancias, de manera de terminar con el modelo fiscal regresivo. Entendiendo que es imposible hacerlo de forma agresiva ahora por el costo para la recaudación que podría tener y más en épocas de déficit salvaje, debe entonces anunciarse para un futuro no muy cercano (segundo semestre) junto con una baja aún más drástica del gasto público, terminando con programas o secretarías inútiles.

 Solo si se cumple esto último se puede decir que estemos ante un cambio real. Caso contrario, los perjudicados de siempre seguirán perjudicados mientras la política no hace ningún ajuste.